La abogada querellante de Revolución Democrática en medio del Caso Convenios, Libertad Triviño, se refirió a los detalles del proceso que tiene en la mira a la diputada Catalina Pérez (RD).
El 16 de junio pasado, el medio Timeline reveló que el seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, autorizó tres transferencias por $426 millones a la fundación Democracia Viva.
¿El problema? Contreras fue jefe de gabinete de Pérez durante su primer período parlamentario. Además, el representante legal de la organización, Daniel Andrade, era pareja de la diputada en ese momento.
Luego se sumaron otras aristas. Por ejemplo, que Democracia Viva no tenía el giro necesario para realizar los proyectos de habitabilidad primaria.
En entrevista con La Segunda, Triviño explicó que la Fiscalía le entregó la calidad de imputados a tres personas dentro de la investigación.
“Yo creo que ella (Catalina Pérez) está en calidad de imputada. En cuanto a las diligencias, le solicitamos al fiscal la incautación de las cuentas corrientes de la señora Catalina Pérez, del señor (Carlos) Contreras y del señor (Daniel) Andrade”, detalló.
Ahora bien, la abogada de 38 años señaló que no hay antecedentes que vinculen a la parlamentaria con un hecho delictual. “Ella sí fue sancionada (por RD) porque, efectivamente, el partido considera que ella vulneró la probidad”, agregó.
En la misma línea, indicó que “uno esperaría que ella hubiera tenido una actitud mucho más colaboradora, mucho más proactiva. (…) Debió haber visto que había, al menos, una incompatibilidad ética”.