El Gobierno proyecta deportación de más de 2.000 migrantes en un poco más de un año, en medio de la crisis de seguridad que se vive en el país tras los casos de secuestros extorsivos registrados las últimas semanas, así como el lanzamiento de una granada hacia una funcionaria de Carabineros.
Desde el Ejecutivo se alista un plan que permitiría concretar la expulsión de al menos 2.600 migrantes en los próximos 14 meses, según consignó La Tercera.
En dos reuniones realizadas en el Palacio de La Moneda la última jornada se remarcó que se materializará las expulsiones, pero que no se puede criminalizar a todos, por lo que se determinó diseñar un “perfil de riesgo”, porque si bien la prioridad es expulsar a quienes tienen antecedentes, también se pondrá atención en quienes, por ejemplo, integran el grupo de hombres de entre 18 y 40 años que han decidido no ser parte del proceso de empadronamiento biométrico.
Desde la oposición han insistido en expulsar a 12 mil migrantes a quienes ya se les cursó una orden para que abandonen el país, sin embargo, desde el Gobierno afirmaron que esto no es factible.
Pese a lo anterior, se ha definido que se podrá terminar el año con 1.000 personas expulsadas, es decir, que en las próximas semanas deberían abandonar territorio nacional al menos 262 personas, ya que a la fecha se han materializado 738: 239 por orden administrativa y 499 por la vía judicial.
Por otro lado, para el próximo año se proyecta un presupuesto de 7.200 millones de pesos para que el Servicio de Migraciones ejecute expulsiones, lo que permitiría la salida de alrededor de 2.400 migrantes más.
De esta forma es que se prevé que en 14 meses se podrán materializar, por lo bajo, 2.600 expulsiones. De todas formas, no se podría superar las 3.000 personas expulsadas, según comentan desde el Ejecutivo.
VISITA DE MONSALVE A VENEZUELA
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, alista un viaje a Caracas, Venezuela, con el objetivo de concretar encuentros con oficiales de Venezuela, lo que se estima se podría concretar durante la próxima semana, de acuerdo a El Mercurio.
En la cita se espera llegar a un acuerdo para que el país caribeño pueda aceptar viajes de la Fuerza Aérea de Chile al territorio para concretar expulsiones, y también buscar fórmulas para acelerar el proceso de identificación de personas.
En esta línea, la autoridad ha sostenido diferentes reuniones en la previa con el embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, así como también con los representantes de las comisiones de Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad del Senado y la Cámara Baja.