La exembajadora chilena ante el Reino Unido Susana Herrera Quezada, que salió del cargo hace tres meses tras la polémica desatada por un proyecto maderero que gestionó para la Región del Biobío, presentó una demanda contra el fisco para exigir una indemnización de 190 millones de pesos.
La acción legal fue interpuesta ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago y tiene una extensión de 110 páginas. En ellas, con patrocinio de dos abogados, Herrera hace un extenso relato de su relación con Cancillería tanto antes como después del escándalo.
Incluye copias de documentos, minutas, pantallazos de WhatsApp y de correos electrónicos como medios de prueba para acreditar su “vulneración de derechos fundamentales” tanto “durante la relación laboral”, que se inició el 1 de julio de 2022, como “con motivo del término” de la misma, que se materializó el 12 de septiembre de 2023 con una “renuncia forzada”.
En el libelo, Herrera sostiene haber mantenido “una relación profesional altamente colaborativa y de contacto permanente, con comunicación fluida, directrices y objetivos claros y socializados”, con la exministra Antonia Urrejola, pero el “comienzo de los problemas” se dio desde marzo de este año, cuando asumieron Alberto van Klaveren como ministro y Gloria de la Fuente como subsecretaria.
A partir de entonces, la exfuncionaria se sintió “perpleja, afectada emocionalmente, marginada y desatendida”; situación que empeoró cuando, el domingo 20 de agosto, un reportaje de La Tercera dio cuenta del “Proyecto de cinco millones de dólares que Cancillería frenó a la embajadora de Chile en Reino Unido“, en el que -afirma- “se tergiversa maliciosamente una gestión oficial” respecto a una iniciativa “incipiente”, pero que incluso había despertado el “interés del rey Carlos III”.