Cuatro años y más 3 meses han pasado desde el estallido social. Aún así, pese al tiempo, en la esfera política sigue incrementando la polémica vinculada a las pensiones de gracia.
Si bien en la oposición la postura es clara respecto a quienes reciben el beneficio y cuentan con antecedentes penales, en el oficialismo existe una controversia que -incluso- enfrenta a las fuerzas del Ejecutivo.
Se debe precisar que, según fuentes en La Moneda, hay 418 casos de pensiones de gracia para víctimas del estallido social. En concreto, 148 durante la administración de Sebastián Piñera y 270 en el actual Gobierno.
Del total, de acuerdo a datos del Registro Civil, 69 personas cuentan con antecedentes penales. En detalle, 21 beneficios estatales fueron entregados por el exmandatario y 48 por el presidente Gabriel Boric.
Pensiones de gracia: el proyecto que inició la controversia
Además de los cuestionamientos de la derecha, todo se incrementó cuando la Comisión de Desarrollo Social despachó a la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados un proyecto que crea normas generales en esta materia.
Entre otras cosas, se busca que quienes se encuentren condenados por crimen o simple delito no reciban la pensión. Dicha iniciativa fue despachada sin considerar las indicaciones del Ejecutivo.
Por eso es que, antes de salir de vacaciones, el Presidente instruyó que se debe presentar una propuesta de cambio de ley que implique que si o sí se revisen los antecedentes penales antes de otorgar el beneficio.
A pesar de eso, el mandato en La Moneda es uno: la ayuda se mantendrá en caso de que exista un daño permanente, como las lesiones oculares. Esto, independiente de si hay antecedentes penales.
Desde el Partido Comunista, fue la diputada María Candelaria Acevedo quien inició la discusión al interior de las fuerzas oficialistas y revivió una pasada disputa entre “las dos almas” del Gobierno de Boric.
La parlamentaria advirtió que está analizando llevar el proyecto al Tribunal Constitucional o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto no fue compartido por todos, e incluso, tampoco al interior de la colectividad comunista.
Según argumentó Acevedo, apelando a un compromiso del Gobierno, “hablamos de chilenos y chilenas quienes vieron violados sus DD.HH por agentes del Estado y a ellos se les debe reparar”.
Socialismo Democrático: la postura desde el PS y el PPD
Desde el Socialismo Democrático, específicamente desde el Partido por la Democracia (PPD), valoraron la idea de avanzar, sobre todo en el contexto de crisis de seguridad.
“Espero que todo el oficialismo se cuadre detrás de esa decisión presidencial, esa es la lealtad que se requiere en este en este caso, y es lo que quiere también la ciudadanía”, dijo el diputado Raúl Soto (PPD).
Agregando que “los delincuentes, reincidentes, no pueden recibir beneficios del Estado (…) espero que no se vaya al TC contra una medida que está ejecutando el propio Gobierno”.
En la misma línea, desde el Partido Socialista comentaron que si bien el PC tiene todo el derecho de evaluar la decisión anunciada por la diputada Acevedo, en la colectividad de Vodanovic optarán por otro camino.
Específicamente, en esperar lo que propondrá el Gobierno y “así revocar administrativamente cuando corresponda”. Sobre eso, el vicepresidente socialista, Arturo Barrios, comentó la situación.
“No tengo duda que el Gobierno, como en todos los casos, tomará medidas respecto a las legislaciones y los tratados internacionales suscritos por Chile”, sostuvo.