Un nuevo revés judicial sufrió el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago decidió este miércoles mantenerlo en prisión preventiva, medida que cumple desde hace 10 días en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber tras ser formalizado por presunta corrupción al mando de las Farmacias Populares.
En su recurso, ingresado recién el sábado, la defensa había solicitado revocar la cautelar -dictada por el Tercer Juzgado de Garantía-, planteando que es excesiva, dado que supuestamente “no existen antecedentes calificados” para ello. También aludió a las “graves enfermedades” que padece la madre del jefe comunal, de 80 años, “todas las que, sin duda, pueden empeorar con la privación de libertad” de éste.
Argumentos que desestimó esta jornada la Cuarta Sala del tribunal de alzada santiaguino, en una audiencia que se extendió desde las 09:00 de la mañana.
“Se tiene presente que la precisión de los hechos de la formalización, los antecedentes hasta ahora reunidos en la carpeta investigativa, el contexto aportado por el Ministerio Público en esta audiencia, los elementos de juicio descritos por los intervinientes y citados en la resolución en alzada, son suficientes para desvirtuar las alegaciones del recurrente en orden a que Jadue desconocía las acciones delictivas imputadas”, estableció la Corte.
“En primer lugar -ahondó la resolución- porque existen indicios suficientes del concierto entre los diversos partícipes del actuar delictual y, en segundo término, porque igual los antecedentes llevan a presumir fundadamente que intervino, desde su posición predominante, tanto como alcalde de la Municipalidad de Recoleta como de presidente de la Achifarp, en el abuso de la estructura organizacional para fines ilícitos, como en el mal uso de los recursos fiscales”.
El tribunal puntualizó que, “en cuanto a los restantes argumentos del recurrente, para sostener su tesis alternativa, ésta se construye sobre la base de una apreciación parcial de la evidencia reunida en la carpeta investigativa, soslayando el cúmulo de antecedentes, de diversa naturaleza, que han sido pormenorizados en las distintas etapas de discusión de este procedimiento, acorde al estado de la investigación penal”.
En la apelación, el abogado de Jadue, Ramón Sepúlveda, cuestionó que la imputación que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte se basa en que “ha creído ciegamente la versión de dos testigos que tenían una evidente ganancia secundaria”, que pertenecían a la empresa Best Quality, que había provisto insumos médicos a la Achifarp.
La resolución de hoy, sin embargo, sostuvo que, “en cuanto a los delitos de estafa y cohecho, no es efectivo que solo exista la versión de dos testigos -cuya credibilidad cuestiona la defensa- desde que existen más elementos de juicio, como son los informes periciales, fotografías y los dichos de otros deponentes, que corroboran los presupuestos materias de tales ilícitos”.
La Corte resolvió de igual manera respecto a Matías Muñoz, exsecretario ejecutivo de la Achifarp, también en prisión preventiva.
De esta manera, ratificó el razonamiento del Juzgado de Garantía, dado que “el número de delitos imputados, los bienes jurídicos protegidos, la sanción legal probable, la calidad funcionaria de los imputados, todo lo cual permite concluir que estos antecedentes calificados determinan que la única medida que resulta proporcional a los fines del procedimiento es la prisión preventiva”.
“Además, este tribunal no puede dejar de advertir que la conducta del imputado Jadue Jadue reviste aun un mayor reproche si se considera su función actual de autoridad máxima en la Municipalidad de Recoleta y en cuya virtud ejecutó los hechos punibles que ahora son objeto de persecución penal”, concluyó la Corte de Santiago.