Cuatro días después de lograr su renovación por dos años, la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela publicó un contundente informe en que ve motivos razonables para creer que el Gobierno de Nicolás Maduro cometió “crímenes de lesa humanidad” en el último proceso electoral.
El documento, de 158 páginas, abarca el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024, y acusa a fuerzas de seguridad y grupos civiles armados progubernamentales de asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura y violencia sexual y de género tanto antes, como durante y después de los comicios, que además estuvieron marcados por la persecución a opositores y la represión de las protestas.
Las fuerzas de seguridad estuvieron “involucradas masivamente” en violaciones de derechos humanos tales como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas, o tratos crueles y degradantes, indica el documento, señalando como responsables a los servicios de inteligencia civil (SEBIN) y militar (DGCIM), así como a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional.
También asegura que “las declaraciones de las máximas autoridades del Estado, sobre todo después del 28 de julio, incitaron a la represión y contribuyeron a generar un clima de hostilidad y violencia“.
Otras instituciones señaladas en el informe son el Consejo Nacional Electoral, que “incumplió las medidas básicas de transparencia e integridad”, la Asamblea Nacional, “instrumental en la aprobación de nuevas leyes contrarias a los derechos humanos y restrictivas del espacio cívico y democrático”, y el sistema de justicia, que “siguió operando con falta de independencia”.