La Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras, junto con diversas organizaciones del sector público, han expresado su preocupación tras la emisión de un nuevo dictamen por parte de la Contralora General de la República, Dorothy Pérez. Según indicaron en una declaración pública, la medida implica la eliminación del derecho a la “confianza legítima” que protege a los trabajadores del Estado frente a despidos arbitrarios, una conquista lograda a través de movilizaciones históricas.
Este derecho había servido como salvaguarda para los empleados públicos, evitando despidos sin justificación durante cambios de autoridades. La decisión de Pérez, quien asumió recientemente tras su ratificación por el Senado a propuesta del presidente Gabriel Boric, fue catalogada por las organizaciones como un grave retroceso en la protección laboral estatal. Según la Central Unitaria, la Contralora, al actuar “de mutuo propio y sin solicitud externa”, estaría incumpliendo el mandato de la Contraloría de proteger la correcta aplicación de la legislación en la administración pública.
La medida adoptada por Pérez ha sido interpretada como un tercer acto en una serie de decisiones que han reducido derechos de los trabajadores. Anteriormente, como subcontralora, había eliminado la revisión de sumarios administrativos con sanción de destitución y restringido las apelaciones de licencias médicas. Las organizaciones advierten que estas acciones incrementan el riesgo de arbitrariedades y desprotección de los empleados públicos.
En la declaración se destacó que la eliminación del derecho a la confianza legítima abre la puerta a que cambios de autoridades puedan traducirse en despidos masivos y sin justificación, lo que calificaron como “un peligroso camino de retorno a la utilización del Estado como botín”. Esta situación se ve agravada por las elecciones municipales, lo que incrementa el riesgo de despidos arbitrarios en los gobiernos locales.
Un llamado a la acción y al gobierno
Las organizaciones han convocado a todas sus bases a mantenerse en alerta y han solicitado al Ejecutivo que asuma su compromiso de proteger a los trabajadores del Estado, recordando que el presidente Boric fue quien propuso la nominación de Pérez. La Central Unitaria instó al Congreso, y en particular al Senado, a actuar con responsabilidad para garantizar la continuidad de la función pública y los derechos laborales.
Finalmente, se enfatizó que las organizaciones del sector público evaluarán todas las vías legales y jurisdiccionales para revertir esta decisión. “No podemos permitir que lo que hemos logrado con años de lucha se vea destruido por un dictamen que, a nuestro juicio, es infundado y contrario a la jurisprudencia de los últimos ocho años”, concluyó la Central Unitaria de Trabajadores, CUT.