Un duro revés sufrió la Contraloría General de la República luego que la Corte de Apelaciones de Santiago ordenara detener la aplicación del polémico dictamen sobre la “confianza legítima”, tras acoger una orden de no innovar pedida en un recurso de protección presentado por la Fundación Fuerza Ciudadana.
Recordemos que Dorothy Pérez, en su primer dictamen como contralora titular, tomó una controvertida decisión respecto a un tema de alto interés para los funcionarios públicos.
Se trata de un debate respecto a cuántos años bajo la modalidad a contrata se necesitan para obtener la “confianza legítima”, es decir, la seguridad de que las renovaciones anuales serán reiteradas en el futuro.
Si bien Contraloría había estimado que ese plazo eran dos años, la Corte Suprema ha dicho en reiterados fallos que en realidad son cinco.
Ante dicha discusión, la autoridad señaló —mediante su resolución— que no zanjará más dichas disputas y que deberán ser resueltas por los tribunales de justicia.
La decisión de Dorothy Pérez generó rechazo en los gremios de los funcionarios públicos, quienes se movilizaron exigiendo la intervención del Gobierno.
En medio de la controversia, la fundación Fuerza Ciudadana, en representación de dos funcionarios municipales a contrata de La Cruz (región de Valparaíso), interpusieron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones, luego de ser desvinculados del municipio.
“Vengo en interponer recurso de protección según lo permite el artículo 20 de la Constitución Política de la República en virtud del actuar ilegal y arbitrario de la Contraloría General de la República, representada legalmente por el Contralor General de la República, Dorothy Pérez Gutiérrez, en virtud del nuevo criterio sostenido en el dictamen E561358 del 6 de noviembre de 2024, por privar, perturbar o amenazar los derechos constitucionales de mis representados, entre los que se reclaman que son el derecho a la integridad psíquica, el de igualdad ante la Ley y el derecho de Propiedad, garantizados en el artículo 19 números 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República”, señala el recurso.
“Este dictamen afecta en su esencia a los derechos constitucionales de las personas por las cuales recurro de protección, quienes llevan más de dos renovaciones de sus contratas y ahora se les puso término mediante decretos alcaldicios que no revisten la necesaria fundamentación para sus no renovaciones”, se acusa en el escrito.