La Corte Suprema confirmó, por unanimidad, el desafuero de la diputada Catalina Pérez (exmilitante del Frente Amplio) en el marco del Caso Democracia Viva, una trama de fraude al fisco por $426 millones.
La resolución respalda el fallo previo, también unánime, de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, permitiendo que la Fiscalía avance con la formalización en su contra.
Según Daniel Martorell, consejero del Consejo de Defensa del Estado (CDE), el tribunal consideró las alegaciones del Ministerio Público, el CDE y la defensa antes de ratificar el desafuero.
Martorell, en conversación con Cooperativa, señaló que «la Corte concluyó que procedía mantener el desafuero. Ahora corresponde al Ministerio Público solicitar la audiencia de formalización y definir medidas cautelares».
La investigación sostiene que Pérez habría intervenido para beneficiar a la fundación Democracia Viva con fondos públicos, organización que en ese momento era dirigida por su entonces pareja, Daniel Andrade y vinculada a excolaboradores como Carlos Contreras y Paz Fuica, todos exmilitantes de Revolución Democrática (RD).
Con esta resolución, aunque seguirá percibiendo su dieta, la diputada pierde temporalmente sus privilegios legislativos, queda inhabilitada para participar en votaciones parlamentarias, puede ser procesada en procesos penales y su escaño no se visibilizará en el cómputo total de diputados.