El Tribunal Constitucional (TC) publicó la sentencia contra la senadora socialista Isabel Allende, a quien cesó de su cargo tras la polémica de la fallida compraventa estatal de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende.
El documento de 80 páginas muestra extensamente los argumentos de los ministros que votaron tanto a favor como en contra de inhabilitar a la parlamentaria, que figuraba como copropietaria del inmueble que el Estado pretendía comprar para convertirlo en un museo.
El argumento acogido de forma predominante fue que la senadora Allende «celebró el contrato a sabiendas, o no pudiendo menos que saber la existencia de la prohibición constitucional expresa», definida en el artículo 60, que prohíbe a los parlamentarios celebrar contratos con el Estado.
Esto, debido a «su larga trayectoria y seriedad como legisladora, puesto que ella era parlamentaria cuando se discutió y aprobó en el Congreso Nacional la Ley N° 20.414, de reforma constitucional en materia de transparencia, modernización del Estado y calidad de la Política, la cual introdujo en términos idénticos una prohibición a los ministros de Estado en el actual artículo 37 bis para celebrar o caucionar contratos con el Estado», reza el fallo.
Los ministros a favor de la destitución de la senadora esgrimienron que «esta norma legal vigente en nuestro ordenamiento jurídico tiene eficacia, legitimidad, sentido y alcances que no tienen discusión. De ahí que el argumento de que se contrató de buena fe no resulta oponible al configurar la infracción constitucional», añade el documento.
Dado lo anterior, el TC resolvió «acoger los requerimientos deducidos y acumulados, declarándose la cesación en el cargo de la honorable senadora señora María Isabel Allende Bussi».