La implementación de la Ley de Nueva Educación Pública, promulgada en 2017, ha tenido varios tropiezos y problemas en la desmunicipalicación de colegios y la instauración de los Servicios Locales de Educación Púbilca (SLEP).
Los paros de profesores de los SLEP se han hecho comunes desde hace unos años. El caso más grave fue el de los docentes de Atacama que afectó a 30 mil estudiantes en 2023.
A este, se le suma las movilizaciones en Magallanes por mejoras salariales y el reciente paro del SLEP Puerto Cordillera (Andacollo-Coquimbo), donde durante dos semanas los docentes reclamaron por sueldos impagos y carencias de infraestructura.
Con ese contexto, Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, señaló a El Mercurio que «ha habido una gestión deficiente en el manejo, no se ha llevado a los mejores directores ejecutivos o los mejores equipos de trabajo» en el traspaso de establecimientos.
«El sistema de financiamiento en base a subvención por asistencia media, que es el adecuado para la educación pública. Y ese es un asunto que no se ha abordado, que este Gobierno no ha tenido hasta ahora el coraje de abordarlo con decisión, porque hay un desfinanciamiento crónico que tienen estos sistemas«, apuntó como uno de los problemas principales.
Por su parte, Magdalena Vergara, investigación del centro de estudios Idea País, dijo a dicho medio que «los errores en el diseño de la ley y su mala implementación han terminado afectando directamente a escuelas y estudiantes«.
«Lo más grave es que al Gobierno le ha faltado voluntad política para enfrentar el problema. Su proyecto (de modificación a la Ley) quedó durmiendo en el Congreso y hoy no vemos soluciones efectivas ante los paros que se replican», sostuvo.