La Corte Suprema de Argentina rechazó este martes un recurso presentado por la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) y dejó firme la condena a seis años de prisión, e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, que recibió en 2022 por una serie de irregularidades en la concesión de obras viales.
Esta decisión, adoptada por unanimidad por los tres jueces del Supremo, debe ser remitida al Tribunal Oral Federal 2 para que su titular, el juez Jorge Gorini, ejecute la sentencia dictada en 2022, lo que significa que Fernández podría ser detenida en las próximas horas o días para cumplir la condena.
La defensa de Fernández puede solicitar al juez Gorini que conceda a la exmandataria el beneficio de la prisión domiciliaria por ser mayor de 70 años, tras haber cumplido 72 en febrero pasado.
La expresidenta ha dicho ser víctima de un caso de «lawfare», es decir, persecución judicial y política: «Estar presa es un certificado de dignidad», dijo el lunes, en la antesala del esperado pronunciamiento judicial.
«Las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida (…) sin que se haya demostrado en modo alguno que la decisión apelada no constituya una derivación razonada del derecho vigente de conformidad con las circunstancias particulares comprobadas en la causa, ni que durante el proceso se haya vulnerado alguna garantía constitucional», dice el fallo de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Y añade: «El debido proceso ha sido salvaguardado y la recurrente ha obtenido una sentencia fundada en ley», agrega.
La decisión ratificó así la condena en segunda instancia por irregularidades en la concesión de obras públicas en la provincia sureña de Santa Cruz.