En el cierre de su gira por la Región de Atacama, el Presidente José Antonio Kast salió al paso este viernes de la controversia surgida tras los dichos de la ministra de Salud, May Chomali, quien marcó distancia de la propuesta del Gobierno que busca obligar a instituciones públicas a reportar a migrantes en situación irregular.
Se trata de una indicación ingresada en el marco del proyecto de ley que perfecciona el procedimiento de expulsiones administrativas -actualmente en segundo trámite en la Comisión de Gobierno del Senado-, y busca aprovechar todo tipo de contactos entre estas personas y el Estado para identificarlas y proceder a expulsarlas.
«Todo órgano de la Administración del Estado, institución u organismo previsional o de salud público o privado, o establecimiento de educación público o privado, estarán obligados a entregar a la autoridad administrativa migratoria y contralora los antecedentes que éstas requieran«, reza la moción.
De este modo, instituciones como Fonasa, isapres y AFP, al igual que hospitales, consultorios y establecimientos educacionales, deberían informar «el domicilio, teléfono, correo electrónico y demás datos pertinentes, respecto de extranjeros que sean objeto de procedimientos migratorios en tramitación«.
La indicación no solo ha causado reparos en la oposición, sino que también en el mismo Gobierno: el superintendente de Salud, Fernando Riveros, relevó en Cooperativa este viernes que, bajo el actual ordenamiento jurídico, los datos clínicos son «sensibles y confidenciales».
Poco después, coincidió con el regulador la ministra Chomali: «Esa información se está entregando en el contexto de una atención sanitaria, y está resguardada por el Código Sanitario y por la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes, y eso lo vamos a defender absolutamente«,