El teniente coronel de Carabineros Rodrigo Hidalgo, encargado de la Subprefectura Fronteriza de Tarapacá, fue formalizado por el delito de fraude de subvenciones tras ser acusado de presentar documentación falsa para intentar obtener un beneficio fiscal por más de $5,4 millones.
De acuerdo a lo que informó Radio Bío Bío, y según comunicó la Fiscalía Local de Iquique durante la audiencia de formalización, el caso se originó después de que Hidalgo fuera trasladado desde Iquique hasta Huara para asumir funciones en la unidad fronteriza.
En ese contexto, el funcionario solicitó ante la Subprefectura Administrativa de Carabineros el beneficio asociado al cambio de guarnición, correspondiente a $5.417.024.
Para respaldar la solicitud, presentó un certificado que señalaba que mantenía residencia en Pozo Almonte.
Fiscalía sostiene que continuaba viviendo en Iquique
De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, las diligencias permitieron establecer que el certificado era ideológicamente falso, debido a que Hidalgo no habría residido en el domicilio consignado y continuaba viviendo en Iquique.
La investigación fue desarrollada por el fiscal Pablo Medina, de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía Local de Iquique, junto a la Sección de Asuntos Internos de Carabineros (Saicar).
Según detalló la Fiscalía, el funcionario era recogido diariamente desde su domicilio en Iquique por un vehículo policial destinado a servicios fronterizos, que lo trasladaba hasta Huara y posteriormente lo llevaba de regreso al término de su jornada.
En declaraciones recogidas por Radio Paulina, el fiscal Medina explicó que la causa surgió a partir de un control interno de la propia institución policial, luego de detectarse anomalías en la documentación presentada para solicitar el beneficio.
La solicitud llegó a ser tramitada y se emitió la correspondiente orden de pago. Sin embargo, los $5.417.024 no fueron entregados, debido a que las irregularidades fueron detectadas antes del desembolso.
Tras la formalización realizada en el Juzgado de Garantía de Iquique, Hidalgo quedó sujeto a la medida cautelar de arraigo nacional.
El tribunal fijó además un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación.