Mientras el gobierno del presidente José Antonio Kast busca acelerar su plan de expulsiones y endurecer la política migratoria, un nuevo antecedente tensiona ese objetivo: la propia Policía de Investigaciones (PDI) reconoció ante el Senado que hoy es “imposible” expulsar a cerca de 6 mil ciudadanos venezolanos, evidenciando los límites estructurales de una de las principales promesas de campaña del Ejecutivo.
Lo anterior, responde a la ausencia de relaciones diplomáticas con Venezuela.
6 mil venezolanos están con expulsión pendiente
El debate se instaló en la comisión de Gobierno del Senado, donde avanza con rapidez el proyecto que busca convertir en delito el ingreso clandestino al país. La iniciativa, presentada en 2022, hoy vive un momento clave: será votada en general en la sala, en medio de la presión por resultados concretos.
Fue en ese contexto donde el prefecto de la PDI encargado de Migraciones, Ernesto León, expuso una de las principales trabas en la tarea de concretar las expulsiones de los ciudadanos venezolanos que se encuentran en condiciones irregulares en Chile:
“No hay relaciones consulares, no los podemos identificar y no los aceptan”, afirmó junto con reconocer que desde junio de 2025 están congeladas las expulsiones hacia Caracas.
La cifra no es menor. Actualmente, son cerca de 6 mil las deportaciones pendientes hacia Venezuela, reconoció León al ser consultado por la senadora Danisa Astudillo.
La situación genera controversia, ya que, según cifras recientes dadas a conocer por las autoridades, una parte significativa de las órdenes de expulsión en Chile corresponde justamente a personas de esa nacionalidad, lo que transforma el problema en un cuello de botella estructural para la política migratoria.