El Gobierno intensificó su acción legal en respuesta a la agresión sufrida por la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, el pasado 8 de abril en la Universidad Austral, sede de Valdivia (Región de Los Lagos).
La medida incluye la ampliación de la querella previamente interpuesta y la invocación de la Ley de Seguridad del Estado, junto con una insistencia en la solicitud de prisión preventiva para los implicados en el incidente.
Esta decisión surgió luego de que el abogado Joaquín Pizarro, representante del Ministerio de Seguridad, adelantara que se evaluaba la tesis de que el delito podría ir más allá de un atentado contra la autoridad, configurando un posible secuestro.
Según el escrito presentado por el Ejecutivo, la ministra Lincolao permaneció retenida por cerca de dos horas al interior del Aula Magna, imposibilitada de abandonar el lugar debido a las manifestaciones y al bloqueo de accesos por parte de estudiantes.
La administración sostiene que esta situación buscaba «privar de libertad, para así arrancar decisiones e imponer exigencias debido al cargo que ostenta la autoridad referida».