Entre mantener la tesis de que el problema nació en la administración anterior y, a la vez, comenzar a mirar a las AFP, sin comprometer sanciones. Así el Gobierno decidió afrontar la creciente presión por la caída del Fondo E al ser requerido por la posición de La Moneda.
La posición la definió el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, quien desde el Palacio de Gobierno aseguró que “con el ahorro de los chilenos no se juega”. Esto, luego de que se conociera que el fondo más conservador del sistema acumula una caída real de 10,39% entre enero y septiembre, según la Superintendencia de Pensiones.
La cifra se conoció el 9 de octubre. Parte de la pérdida se explica por la exposición de las AFP a derivados de tasas de interés de Estados Unidos, que alargaron la duración de la cartera. Según Bloomberg, esas operaciones acumulan pérdidas de valoración por US$7.700 millones a septiembre.
Consultado por una eventual acción judicial contra las administradoras, Alvarado sostuvo que el Gobierno, al asumir, detectó una situación de riesgo y “tomó todas las acciones y decisiones para evitar un daño de mayor magnitud”.
Sobre las sanciones, sin embargo, fue cauto: “Si en el transcurso de los próximos días nos damos cuenta de que existen responsabilidades por no cumplimiento de normas específicas, obviamente que evaluaremos cómo enfrentar esta situación”.
En esa línea, el jefe del gabinete ministerial agregó que espera que en las sesiones especiales del Congreso “aparezcan las razones, las motivaciones y las responsabilidades”.
Gobierno apunta a Boric
El mensaje llega después de que el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, atribuyera la caída a “decisiones que se tomaron en el Gobierno anterior y que se corrigieron al inicio de este Gobierno, o si no el efecto podría haber sido mucho peor”.
Mas aludía a la resolución que firmó el 9 de abril el superintendente Joaquín Cortez y que fijó límites a los derivados: 3% del valor de los fondos A y B, 2,5% del C y 2% de los D y E, con un plazo de 210 días para cumplirlos.
Ese cambio regulatorio había sido iniciado por el exsuperintendente Osvaldo Macías, quien lo anunció en octubre de 2025 y dejó el cargo en marzo tras diez años.
Macías, de todas formas, defendió su gestión: “El regulador cumplió con su deber de advertencia a las AFP de forma repetitiva”, afirmó.
La tesis del ministro Mas tampoco fue unánime en el sector oficialista.
Renovación Nacional (RN) se desmarcó y exigió a las AFP “explicaciones inmediatas y contundentes”, además de pedir a la Superintendencia una investigación “exhaustiva, transparente y oportuna” que “aplique las sanciones que correspondan”.
Esa es, precisamente, la zona donde el Gobierno se mueve con prudencia: según las AFP, no se excedieron en los límites ni infringieron normas vigentes, por lo que no se exponen a multas.
“Aquí no se han hecho locuras ni cosas fuera de la norma ni de la ley”, afirmó el presidente de la Asociación de AFP, León Fernández de Castro, en conversación con Pulso.
El líder del gremio, además, afirmó que esto no es una apuesta de las AFP. Esto es una estrategia de largo plazo”.
En esa misma línea se expresó el exministro de Hacienda Ignacio Briones —uno de los críticos más duros de la industria—, quien reconoció que “no hay nada ilegal”.
Existe, sin embargo, una vía legal, que alega la oposición: el artículo 39 del DL 3.500 establece que las AFP responden por los perjuicios causados a los afiliados por el incumplimiento oportuno de sus obligaciones, y faculta a la Superintendencia a ordenar la restitución si ese incumplimiento se acredita.
Briones habló de “una gestión imprudente”, mientras que el también exministro de Hacienda Nicolás Grau fue más allá y afirmó que “lo primero que debiera ocurrir es que todos los ejecutivos que estuvieron detrás de estas decisiones tengan alguna consecuencia respecto a sus cargos”.