“Es cierto que respecto de ciertas medidas cautelares, como el arresto domiciliario nocturno o el arresto domiciliario parcial, en muchos casos no se cumplen y es muy difícil fiscalizarlas”.
Con esas palabras el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales (ANF), Francisco Bravo, se refirió a las declaraciones del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, que este viernes alertó de una situación que le preocupa: “Más del 50 por ciento de los detenidos que tenemos tienen órdenes de detención vigentes, pendientes”.
“Es decir, ya los detenidos antes quedaron con medidas cautelares, o sea salieron, las rompieron, y ahora nuevamente los tenemos que arrestar”, dijo la máxima autoridad de la policía militarizada en entrevista con La Tercera PM, al destacar la realización del primer Consejo Nacional de Seguridad Pública del año, que encabezó el jueves el Presidente Gabriel Boric en Arica.
En conversación con Cooperativa, Bravo afirmó que, en su opinión, la propuesta “más idónea” ante ese problema es “la posibilidad de que en esas personas que tienen esas medidas cautelares y, por ejemplo, también las que tienen prohibición de acercamiento, especialmente en el caso de la violencia intrafamiliar, se establezca un dispositivo electrónico que permita un monitoreo de los imputados, de manera que, en línea, ir estableciendo cuando no se cumplen esas medidas y pedirles a los tribunales la revisión de esas medidas cautelares, de tal manera de imponer eventualmente otras más gravosa”.
Respecto de la crisis de seguridad en el país, el fiscal sostuvo que “no me atrevería a decir drásticamente que hay una tendencia al alza (de los delitos). Lo que sí hay -y esto- es que ha aumentado la violencia”.
Por su parte, uno de los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja, Jorge Alessandri (UDI), indicó que “no es primera vez que el general director de Carabineros u otras autoridades de la PDI dan esta señal de alerta, lo que nos están diciendo es que las policías hacen la pega, persiguen, encuentran, detienen, entregan, ponen a disposición de los tribunales a las personas, y después entre jueces de garantía, fiscales, Tribunales Orales en lo Penal, esas personas generalmente salen a la calle”.
Y criticó que “siempre se les juzga con un sesgo muy garantista y terminan finalmente o rompiendo la cautelar, o detenidos cinco, seis, siete veces por lo mismo”.
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