El gobierno de Israel reconoció este martes que sus fuerzas abrieron fuego contra palestinos que aguardaban por ayuda alimentaria en Gaza, alegando que respondieron a supuestas amenazas a la seguridad de los soldados. Esta declaración surge en medio de acusaciones internacionales y denuncias de crímenes de guerra.
Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, informó que al menos 62 personas murieron y cientos resultaron heridas en los últimos tres días mientras trataban de acceder a “exiguas cantidades de ayuda humanitaria” en el asediado enclave palestino.
La viceministra de Exteriores de Israel, Sharren Haskel, confirmó en conferencia de prensa que las fuerzas israelíes efectuaron disparos en las cercanías de centros de distribución, aunque precisó que fue “lejos del centro de reparto” y que actuaron así “porque se sintieron amenazadas“. Añadió que algunos palestinos “tomaron rutas diferentes que pusieron en peligro a los soldados“.
El ataque más reciente se registró la madrugada del martes en las cercanías del centro de Tel al Sultán, en Rafah —el único que continúa operativo desde el viernes—, dejando 27 muertos y más de 100 heridos, según el Comité Internacional de la Cruz Roja. De acuerdo con Hamás, desde que comenzaron a operar los nuevos centros de distribución el 27 de mayo, al menos 102 personas han sido abatidas por disparos israelíes mientras esperaban alimentos. Estos centros están gestionados por la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF), iniciativa de Israel y Estados Unidos como alternativa a la ONU para controlar el acceso a la asistencia humanitaria.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU exigió una investigación urgente e independiente, subrayando que “los ataques dirigidos contra civiles constituyen una grave violación del derecho internacional y un crimen de guerra“. El portavoz Jeremy Laurence advirtió que “a los palestinos se les presenta una de las elecciones más atroces: morir de hambre o arriesgarse a ser asesinados al intentar conseguir comida“.
La ONU también advirtió que obstaculizar intencionalmente el acceso a alimentos y bienes esenciales puede constituir un crimen de guerra, lo mismo que las declaraciones de líderes israelíes que han sugerido la intención de vaciar Gaza de su población.