Múltiples irregularidades constató la Contraloría General de la República al auditar los gastos electorales y transferencias otorgadas por seis gobiernos regionales, en concreto, los de Tarapacá, Antofagasta Metropolitano, La Araucanía, Los Ríos y Magallanes, entre enero y septiembre de 2024.
Entre los objetivos específicos de las investigaciones, se analizaron las transferencias efectuadas por cada GORE al sector privado, detectando que no exista conflicto de intereses y que la finalidad del uso de estos recursos se ajuste a la norma y no tengan relación con actividades de campaña electoral ni con publicidad y/o difusión de estas. Asimismo, el ente contralor verificó que cada Gobierno Regional haya destinado sus recursos (humanos, físicos y tecnológicos), sus vehículos, dependencias y respectivas corporaciones a la realización de labores relacionadas a sus funciones y no a actividades de carácter político o electoral.