Al cierre de la cuarta jornada de formalización, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago envió a prisión preventiva al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), a quien se le imputan los delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal, que presuntamente cometió cuando encabezaba la extinta Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp).
La jueza Paulina Moya decretó la máxima cautelar este lunes, en vista de que “este tribunal estima que las medidas cautelares de menor intensidad son insuficientes para asegurar las finalidades del procedimiento, la seguridad de la sociedad, y de la víctima Municipalidad de Recoleta“.
Por lo anterior, “el tribunal no puede dejar de advertir que el imputado Jadue se encuentra en funciones en su cargo de alcalde, y esta posición implica una relación directa y esencial con la administración de recursos, desempeña un rol crucial en la gestión financiera, en la planificación y en la transparencia de las operaciones municipales. Por lo tanto, no se puede pasar por alto el riesgo que genera su permanencia en el cargo para el patrimonio de la comuna, entendiendo que esto podría incluso configurar un peligro de reiteración”.
El juzgado también dictó prisión preventiva en contra de Matías Muñoz, exsecretario ejecutivo de Achifarp. Tanto él como Jadue estarán recluidos en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber por los 120 días de plazo fijados para la investigación, dada la relevancia mediática del caso, según adelantó Gendarmería.
“Haciendo una prognosis de pena para los imputados Jadue y Muñoz, existe una alta probabilidad de que para el caso de que ellos sean condenados por los delitos por los cuales fueron formalizados, no puedan acceder a penas sustitutivas, y deban cumplir de manera efectiva sus condenas“, añadió la magistrada.
A la salida del tribunal, el abogado defensor Ramón Sepúlveda aseveró que lo resuelto “impone una cautelar desproporcionada, por la gravedad que se planteó en la audiencia de una serie de hechos. Creemos que si se analizan otros casos similares, o la falta de antecedentes, es una cuestión bien desproporcionada. Creemos que con muy poco se acreditó mucho, y esa es una cuestión preocupante”.
Para el jurista, “se decreta una prisión preventiva con muy pocos antecedentes serios y reales, y se decreta porque es el alcalde de Recoleta. Ahora, si este fuese un caso cualquiera, sería difícil que se decretase una prisión preventiva en estas condiciones”.