El Gobierno disminuyó el presupuesto del Ministerio Público en 7.064 millones de pesos, ajuste que ha provocado diversas reacciones desde el mundo político debido a que se aplica en plena crisis de seguridad.
La reducción forma parte de un recorte global de 544.000 millones anunciado por el Ejecutivo, a raíz de un protocolo de acuerdo al que se llegó durante el debate de la Comisión Mixta de Presupuestos, que tiene como objetivo lograr un consenso para aprobar las glosas y partidas del erario fiscal de 2025, consignó El Mercurio.
El impacto del recorte afectará a tres áreas críticas de Fiscalía.
La primera tiene que ver con la persecución del crimen organizado y los delitos de alta complejidad debido a la imposibilidad de reemplazar fiscales y personal producto de la reducción de recursos en el subtítulo 21 de la Partida 23.
Lo anterior compromete la capacidad de investigar y cubrir las salas de audiencia, además de provocar retrasos en la tramitación de causas y debilitar la capacidad operativa en indagatorias estratégicas, según expuso el diario.
En segundo término, relacionado a tecnología, el recorde en bienes y servicios de consumo -consignado en el subtítulo 22- eventualmente obstaculizaría la implementación de herramientas fundamentales para combatir los nuevos fenómenos criminales.
Finalmente, en tercer lugar se aborda la adquisición de activos no financieros -consignados en el subtítulo 29-, que dice relación con la protección de los persecutores, afectando directamente la capacidad de adquirir y mantener equipamiento como cámaras de vigilancia, chalecos antibalas y protección de vehículos.