La Armada de Argentina apartó de sus funciones a 10 militares presuntamente involucrados en irregularidades en el pago de salarios a favor de 23 personas, por un total de 981 millones de pesos argentinos (unos 613 millones chilenos).
La medida fue dispuesta por el jefe del Estado Mayor General de la Armada, Juan Carlos Romay, por instrucción del ministro de Defensa, Carlos Presti, después de que el jefe de Administración Financiera de la fuerza, Carlos Alberto Castro Maggio, presentara una denuncia ante la Justicia.
Los 10 efectivos fueron apartados temporalmente y serán sometidos a actuaciones disciplinarias, por considerarse su falta como «gravísima»: podrían ser expulsados a futuro, en consecuencia.
Presti había anunciado estos apartamientos el miércoles por la noche, en una entrevista con el canal TN: «He impartido las órdenes al jefe de la Armada para que tome las medidas y que, con un consejo de disciplina militar, pasen a ser destituidos«.
La denuncia de Carlos Castro Maggio señala que «entre julio de 2022 y enero de 2026 se efectuaron 645 acreditaciones indebidas a favor de 23 personas, por importes superiores a los que les correspondían, conforme a sus respectivas liquidaciones y/o sin respaldo en haberes legítimamente liquidados».
Según la denuncia, las operaciones fueron detectadas en una revisión interna llevada a cabo en febrero, y se descubrió que los movimientos no respondían a simples errores administrativos, sino a modificaciones posteriores de los archivos utilizados para ordenar los pagos bancarios.
Éstos se realizaban después de los controles ordinarios, y antes de la transmisión definitiva al banco.
Entre las 23 personas que recibieron pagos indebidos hay militares en actividad y retiro, personal civil y cuatro personas sin vinculación laboral con la Armada. Estas últimas recibieron 184 acreditaciones por un total de 434,2 millones de pesos (271 millones chilenos).
La principal beneficiaria fue María del Carmen Prieto, con 46 acreditaciones por 152,3 millones de pesos (95 millones chilenos), esposa de Ariel Baltasar Atanasoff, el encargado de supervisar y controlar de manera directa la liquidación de sueldos.
Según la denuncia, Atanasoff reconoció «conocer las operaciones» y manifestó que las acreditaciones se realizaban manualmente, que él decidía los beneficiarios y los importes y que ejecutaba personalmente las operaciones.
Hasta la presentación de la denuncia habían sido restituidos 42,6 millones de pesos, por lo que permanecían pendientes 938,6 millones.