Gloria Ana Chevesich, presidenta de la Corte Suprema, se sumó a la polémica generada por la rebaja de condena a 56 violadores y abusadores de niños por parte del Ministerio de Justicia, aseverando que es responsabilidad de Fernando Rabat.
Consultada sobre esta situación, Chevesich precisó que “sobre la materia no me voy a pronunciar, fue el ministro de Justicia quien dictó decretos conforme a las facultades legales que tiene. No me voy a pronunciar tampoco respecto a las decisiones tomadas por la Corte Suprema, porque se analiza cada caso concreto”.
n esta línea, la magistrada planteó que “tendría que analizar cada una de las sentencias a las que se hace referencia para poder eventualmente generar si hay o no jurisprudencia, esa labor le corresponde a los doctrinarios, a los estudiosos de las sentencias dictadas por la Suprema”.
La presidenta de la Corte Suprema explicó que “aquí hay una comisión de rebaja de condenas que dicta una determinada decisión, consecuencialmente si no se recurre de amparo respecto de aquella decisión, es imposible que los tribunales puedan emitir un pronunciamiento sobre la materia”.
Por su parte, el ministro Fernando Rabat defendió la entrega del beneficio a violadores y abusadores de niños, apuntando a la Constitución.
“En el año 2022 se efectuó una reforma legal que excluye a todos aquellos que se encuentran condenados por delitos sexuales de obtener este tipo de beneficios. Desde esa fecha, no se concede ninguno de esos beneficios”, recordó.
Sin embargo, Rabat aseguró que “existe un principio de orden constitucional, no se puede aplicar de manera retroactiva una ley en perjuicio de un condenado”.
“Desde esa perspectiva, hay una jurisprudencia bastante generalizada que ha acogido recursos de amparo respecto de aquellas personas que durante muchos años solicitaron este beneficio y les fue rechazado”, agregó.
El titular de Justicia indicó que la doctrina Rabat responde a “recoger el principio constitucional y ello ha quedado expresamente recogido en cada una de las resoluciones que se han dictado señalando expresamente la gravedad de estos delitos. Nos parece muy relevante los proyectos de ley que parlamentarios han presentado para evitar este vacío”.
Fernando Rabat reiteró que “existe una norma constitucional, es un problema de la aplicación de la Constitución y la ley que fue aquello respecto a la cual un ministerio debe actuar asentado a una jurisprudencia mayoritaria sobre la materia”.