El organismo fiscalizador detectó inconsistencias en 9.653 propiedades estatales a nivel nacional, valorizadas parcialmente en más de $451 mil millones. En Tarapacá, el hallazgo abre interrogantes sobre el registro y administración de terrenos e inmuebles públicos.
La Región de Tarapacá enfrenta un nuevo desafío en materia de transparencia y administración del patrimonio fiscal, luego de que la Contraloría General de la República revelara graves inconsistencias en los registros de 9.653 inmuebles pertenecientes al Estado a nivel nacional. El informe pone de manifiesto deficiencias en el control contable y administrativo de propiedades fiscales, situación que plantea la necesidad de revisar cómo se gestionan estos bienes en Iquique, Alto Hospicio y las comunas de la Provincia del Tamarugal.
El Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°27, publicado este martes 3 de noviembre, identificó 3.238 propiedades incorporadas en la contabilidad de organismos públicos sin contar con una destinación vigente del Ministerio de Bienes Nacionales. Estos inmuebles representan un valor superior a los $451 mil millones, mientras que otros 6.415 bienes fiscales presentan la situación inversa: cuentan con una destinación formal, pero no aparecen en los registros contables de los servicios responsables.
Aunque los antecedentes nacionales difundidos no permiten establecer una cifra específica de inmuebles observados en Tarapacá, el problema adquiere especial relevancia regional por la extensión del territorio fiscal y su importancia para proyectos habitacionales, infraestructura pública, actividades productivas y desarrollo urbano.
En comunas como Alto Hospicio, donde existe una importante demanda por terrenos destinados a soluciones habitacionales y equipamiento comunitario, mantener información actualizada sobre las propiedades estatales resulta fundamental. Lo mismo ocurre en Iquique, considerando las necesidades de infraestructura y espacios para servicios públicos, así como en las localidades del Tamarugal.
El informe también identifica a organismos dependientes de los ministerios del Interior, Defensa Nacional y Obras Públicas entre aquellos con mayores cantidades de inmuebles destinados que no figuran en su contabilidad. Esta situación hace necesario determinar si existen observaciones vinculadas a instalaciones o propiedades administradas por servicios de estas carteras en Tarapacá.
Sin embargo, las inconsistencias detectadas no significan necesariamente que los terrenos se encuentren perdidos, ocupados ilegalmente o que exista un perjuicio fiscal acreditado. Algunas diferencias podrían relacionarse con mecanismos de adquisición distintos de las destinaciones otorgadas por Bienes Nacionales.
A nivel regional, la administración del patrimonio estatal ya enfrenta otros desafíos. El pasado 15 de octubre, la Seremi de Bienes Nacionales de Tarapacá sostuvo una reunión con el Consejo de Defensa del Estado, Tesorería y el Servicio de Impuestos Internos para abordar deudas asociadas a arriendos y concesiones fiscales, antecedentes que evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos de cobranza y control.
Frente a los resultados del CIC N°27, Contraloría estableció un plazo de 90 días para que los organismos involucrados regularicen sus registros, además de disponer seguimiento y eventuales fiscalizaciones o procedimientos disciplinarios ante incumplimientos.
En Tarapacá, el desafío será conocer cuántos inmuebles fiscales presentan discrepancias, cuáles son los servicios responsables y qué medidas deberán implementarse para garantizar su correcta administración. La información regional desagregada será clave para determinar la magnitud real del problema.
La situación exige claridad sobre un patrimonio que pertenece a todos los chilenos. En una región donde el suelo fiscal constituye un recurso estratégico para atender necesidades sociales y promover inversiones, disponer de registros confiables no representa solamente una obligación administrativa, sino una condición indispensable para resguardar los recursos públicos y avanzar en el desarrollo territorial.