Una presunta organización criminal dedicada al robo de vehículos en la región de Tarapacá, que posteriormente eran trasladados a Bolivia para ser intercambiados por dinero, drogas o armas, quedó en la mira de la Fiscalía tras una investigación que culminó con la denominada Operación Quirquincho.
En total, 23 personas fueron formalizadas por su presunta participación en esta agrupación, cuatro de ellas menores de edad. Los imputados enfrentan cargos por asociación criminal, lavado de activos, robos y receptación de vehículos, microtráfico de drogas y tenencia ilegal de armas y municiones.
La investigación, encabezada por la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía de Tarapacá junto al SEBV de Carabineros, estableció que la agrupación habría operado desde 2024, sustrayendo vehículos de manera sistemática para luego trasladarlos hasta Bolivia.
Al respecto, la fiscal regional de Tarapacá, Virginia Aravena, detalló que a los imputados se les atribuyen 53 hechos relacionados con robos y receptaciones de vehículos, además de delitos vinculados al microtráfico de drogas y la tenencia de armamento y municiones.
Uno de los antecedentes que surgió durante la investigación es que seis de los formalizados ya están privados de libertad en distintos recintos penitenciarios del país. Sin embargo, presuntamente continuaban coordinando las operaciones desde las cárceles.
De hecho, tres imputados habrían ejercido funciones de liderazgo, financiamiento y coordinación, impartiendo instrucciones y encargando la sustracción de vehículos, además de gestionar su posterior comercialización y traslado a Bolivia.
Uso de dispositivos electrónicos para robar vehículos
Respecto de la modalidad de operación, la Fiscalía identificó a integrantes que cumplían funciones operativas, quienes se encargaban de ubicar los automóviles solicitados por los financistas y sustraerlos desde la vía pública.
Para ello, utilizaban dispositivos electrónicos especializados que les permitían programar llaves con chip y encender los motores en pocos minutos.
Una vez sustraídos, los vehículos eran entregados a conductores conocidos como “chuteros”, quienes los trasladaban a Bolivia por pasos no habilitados. Allí eran intercambiados por dinero, drogas, armas de fuego y otras especies.