La Contraloría General de la República, a través de un oficio, dio a conocer que representó, es decir rechazó, un decreto que buscaba modificar el reglamento de los servicios de transporte público de pasajeros, bajando el estandar de los taxis para beneficio de los vehículos que funcionan en la app Uber, lo que marca un revés para la cartera liderada por Louis de Grange.
En concreto, el órgano fiscalizador establece que el acto “elimina, modifica y disminuye exigencias técnicas aplicables a los vehículos destinados a prestar a la ciudadanía los servicios de taxi, tales como antigüedad máxima de operación, antigüedad mínima para su primera inscripción y cilindrada mínima, sin que consten los fundamentos fácticos, técnicos y jurídicos que justifiquen tales medidas, ni las razones por las cuales no se sometieron a consulta pública”.
Si bien durante el gobierno anterior el reglamento original buscaba equiparar requisitos entre vehículos de aplicaciones y los taxis, al exigir, por ejemplo, una cilindrada mínima de 1.400 cc, el texto enviado por la actual administración —a fines de abril— eliminó o rebajó las condiciones buscando “evitar efectos negativos en el empleo”.