El ministro de Seguridad, Martín Arrau, defendió este lunes la reforma constitucional en materia de seguridad impulsada por el Gobierno y aseguró que existe disposición para modificar aspectos de la propuesta con el objetivo de alcanzar acuerdos en el Congreso.
La iniciativa contempla, entre otras materias, un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública y mecanismos especiales para enfrentar organizaciones criminales y el terrorismo. Sus alcances han generado cuestionamientos desde sectores del oficialismo, particularmente por las facultades que se entregarían al Presidente de la República y la duración de algunas medidas.
En ese contexto, Arrau sostuvo que el Gobierno está dispuesto a flexibilizar la propuesta, pero recalcó que el objetivo central es dotar al Estado de nuevas herramientas para enfrentar el crimen organizado.
“Nosotros somos totalmente prácticos, pragmáticos en esto y lo que nos interesa de lo que se presentó en esta reforma es uno, declarar como deber del Estado la seguridad pública”, afirmó.
Como segundo eje, mencionó la necesidad de contar con un mecanismo más efectivo para perseguir al crimen organizado y el terrorismo. En ese punto, defendió la creación de un listado de organizaciones que permita aplicar un régimen penitenciario estricto a quienes pertenezcan a ellas.
Según explicó, la propuesta busca que las decisiones de Gendarmería sobre la segmentación de personas privadas de libertad, de acuerdo con su peligrosidad, no puedan ser impugnadas mediante recursos que terminen dificultando su aplicación.