En medio del estallido de casos entre ONG y entidades públicas que remece al gobierno, la Fiscalía Sur y el OS-7 de Carabineros avanzan silenciosamente en una investigación que afecta a una de las principales figuras del Frente Amplio en las elecciones pasadas. Una decena de testimonios dan cuenta del método usado por la exmilitante de Comunes y su círculo de hierro para desembolsar millonarias sumas de dineros fiscales por servicios inexistentes a su campaña y donde usó como “fachada” al Movimiento Chile Movilizado, fundación que tenía en su directorio a un estafeta y que, según los interrogados, hace años no existe. El Ministerio Público prepara formalizaciones.
“Quiero indicar, primero que todo, que mi origen es de Puente Alto, mi familia es de clase media, estudié en colegio subvencionado. Mi primer acercamiento a la política fue el año 2001, cuando ocurre el mochilazo, previo a la revolución pingüina, fue un momento político en Chile bien importante”.
Eso fue lo primero que dijo Karina Oliva Pérez (38) cuando “dio la cara”, como señalaba su eslogan, frente al Ministerio Público. Lo hacía en calidad de imputada de fraude de subvenciones y junto a su abogado Juan Carlos Manríquez. En un interrogatorio que duró más de seis horas, el 19 de mayo de 2022, la excandidata al gobierno regional de la RM en 2021 intentó deslindar toda la responsabilidad de las rendiciones de gastos de campaña y solicitud de reembolsos al Servel en la figura de Martín Miranda Sepúlveda (quien cobró en primera vuelta honorarios por $ 15 millones), otrora compañero de filas en el Partido Comunes del cual ambos fueron expulsados tras un reportaje de Ciper que develaba irregularidades en altas sumas de dinero pagadas al círculo de hierro de la frustrada aspirante a Gore.
A casi dos años de iniciada esta indagatoria a cargo del OS-7 de Carabineros, informes policiales enviados a la Fiscalía Sur concluyen que una de las principales figuras del Frente Amplio en las elecciones de 2021 usó la Fundación Chile Movilizado como “fachada” para triangular dineros que supuestamente gastó en campaña.
Los análisis y pericias dan cuenta de que la ONG realizó informes idénticos de un estudio que ella y el Partido Comunes, en esa época, encargaron a la encuestadora Criteria. Es decir, el Estado -a través del Servel- reembolsó $ 120 millones por servicios ideológicamente falsos, dinero que fue girado desde la cuenta usada para la campaña en “dinero en efectivo” y cuyo destino aún es desconocido. A eso se suma un listado de boleteros vinculados a Oliva y al movimiento que -según una decena de voluntarios y profesionales que participaron en la campaña a Gore-, nunca realizaron las actividades declaradas ante el Servel. Incluso, como han logrado acreditar los investigadores, se usó como respaldo documentos falsificados del SII.
A poco andar, el equipo investigativo descubrió, además, la “doble militancia” de Martín Miranda. Junto con su rol como administrador electoral de Comunes y Oliva, obraba en paralelo como jefe de finanzas de Chile Movilizado.
Justo cuando han estallado una veintena de causas en el país en que se indagan millonarios recursos a fundaciones por parte de entidades estatales y que hoy remecen al gobierno, el caso de Oliva, por su parecido en el método que se habría usado para defraudar al Fisco -con el uso de una ONG y dineros gastados en servicios no realizados-, avanza silenciosamente en lo que ya comenzó a denominarse en el Ministerio Público “el caso cero” que afecta al bloque hoy gobernante.