Eran las 19 horas del jueves 2 de enero cuando sonó el celular del exasesor del Segundo Piso Leonardo Moreno. Del otro lado estaba la jefa de la División Jurídico-Legislativa de la Segpres, Francisca Moya (FA), quien -molesta- repitió las llamadas hasta que Moreno le contestó. Moya desató su furia.
“Me informó que había un problema en la compraventa de la propiedad de Allende, por la existencia de una eventual inhabilidad por parte de las vendedoras, en específico la senadora y ministra”, declaró Moreno ante la Fiscalía. Ese momento también quedó constatado en el testimonio de Moya ante el Ministerio Público.
El exencargado del equipo de Seguimiento de Compromisos Presidenciales, cuentan fuentes del Segundo Piso, quedó helado. Era la primera vez en que -durante el año que había durado el proceso de compra- hablaba de este tema con Moya. La alerta -que se desencadenó dos días después de que el gobierno anunciara que tanto la casa de los expresidentes Salvador Allende y Patricio Aylwin serían adquiridas- cayó como una bomba en el corazón de La Moneda.
La molestia de Moya apuntaba a que de inmediato reconoció la gravedad del error y una falla de diseño en el proceso, ya que su división solo se involucró al final de la revisión de la compra, en el último trámite. Previamente todo estuvo en manos de equipos jurídicos más pequeños, como Culturas y Bienes Nacionales.
Explotado el bochorno de la fallida compra de la casa deAllende, en el gobierno se desató una cacería de brujas. Nadie podía entender cómo un proyecto de esa magnitud podía haberse convertido en un autogol.
Menos aún tras haber pasado por más de una docena de abogados, ninguno de los cuales levantó la mano para recordar que el artículo 37 bis de la Constitución le prohibía a la exministra Maya Fernández (PS) celebrar contratos con el Estado. O, peor aún, que el inciso segundo del artículo 60 plantea una inhabilidad para parlamentarios. Es decir, si Isabel Allende (PS) celebraba un contrato con el Estado, corría el riesgo de que el Tribunal Constitucional (TC) la cesara de su cargo, tal como pasó esta semana con una contundente sentencia de ocho votos contra dos.
Por muy increíble o inverosímil que pueda sonar esta historia, la verdad es esa: nadie lo advirtió.
Que lo arregle la Secom
A pesar de que los involucrados han deslizado que hubo banderas rojas, todo indica que las pocas que hubo no estuvieron ni cerca de haber representado la existencia de una inhabilidad constitucional por parte de Allende. Los hechos más evidentes que así lo confirman están en la carpeta investigativa de la causa penal.
La exministra de Bienes Nacionales Marcela Sandoval (FA) declaró que por vía telefónica le manifestó a Moreno que “era complejo” que la exministra Fernández fuera parte de los vendedores. “A lo cual Moreno me indicó que esto se manejaría de forma comunicacional”, se lee en su testimonio. Nada dijo sobre la senadora. Pese a las palabras de Sandoval, fuentes del caso comentan que Moreno nunca recibió dicha llamada.
En las declaraciones de la carpeta se recoge otro momento clave. El miércoles 9 de octubre, a las 15 horas hubo una reunión en Presidencia a la cual asistieron la exsectorialista del Segundo Piso encargada de la compra, Bernardita Nazar; la exjefa de gabinete de Bienes Nacionales Denisse Hernández; la exjefa jurídica de Bienes Nacionales Macarena Diez; y Moreno. Cinco abogados de profesión.
Según la declaración de Diez, la abogada expuso una minuta “de uso personal”, pero que conocedores de la causa dicen que nunca fue entregada. Los reparos de Diez apuntaron a dos grandes ámbitos. El primero era formal. Diez se quejó diciendo que “faltaban varios documentos” y reforzó que había que fundamentar “la motivación de este acto y su justificación”.
Luego expuso su segunda aprensión: “Señalé un último punto referido a las preocupaciones jurídicas y políticas por la adquisición de este inmueble, debido a que la parte vendedora era una senadora y una ministra de Estado”. Nada se dijo sobre una prohibición o inhabilidad constitucional.
En la declaración de Moreno se constata cuál fue su respuesta. “Les planteamos que el fundamento debían plantearlo en el Servicio Nacional del Patrimonio, por ser tema patrimonial, ya que no era nuestra tarea. Lo segundo, respecto del tema comunicacional, debían verlo con la Secretaría de Comunicaciones (Secom)”, declaró el exasesor presidencial.
Fuente: La Tercera