En el extremo norte del país, la paralización de Quiborax -empresa minera dedicada a la extracción de ulexita y ácido bórico- ha mantenido en vilo a la Región de Arica y Parinacota. Lo que comenzó como una denuncia ambiental, hoy amenaza con transformarse en una crisis económica y social de gran magnitud, afectando a más de 2.000 trabajadores y golpeando hasta un 10% del PIB regional. Las autoridades locales advierten que, si no hay reacción del Gobierno central, el caso podría tener un desenlace similar al de la metalúrgica Huachipato en el Biobío.
El conflicto se remonta a 2022, cuando la Corporación Nacional Forestal (Conaf) denunció ante la Superintendencia del Medio Ambiente que Quiborax operaba dentro del Monumento Natural Salar de Surire sin una evaluación ambiental vigente. El área, hábitat de tres especies de flamencos altoandinos, habría sufrido alteraciones visibles en su paisaje por la actividad extractiva, incluyendo caminos no regulados y lagunas artificiales. El caso escaló rápidamente. Informes técnicos del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y de Conaf constataron impactos sobre la flora y fauna, y en septiembre de 2024, el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta decretó la paralización de las faenas. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) acusó a la minera de provocar daño ambiental dentro de un área protegida, mientras que la empresa argumentó que las sanciones aplican criterios retroactivos sobre operaciones autorizadas desde 1984. Desde entonces, la incertidumbre domina la región. A fines de octubre, trabajadores bloquearon la Ruta 11-CH, que conecta Arica con Bolivia, exigiendo respuestas sobre el futuro de sus empleos. La movilización coincidió con el inminente vencimiento de las medidas cautelares ambientales, que mantienen detenida toda producción salvo el retiro de material acumulado. La preocupación de las autoridades
El gobernador regional de Arica y Parinacota, Diego Paco (RN) manifestó a Emol que la situación «la vemos como algo sumamente grave, porque no es un problema de ahora. Esto viene arrastrándose desde septiembre del año pasado y, mientras tanto, 700 trabajadores siguen pagando los costos sin tener ninguna certeza de qué va a pasar con sus empleos». «La investigación ambiental debe seguir su curso, pero no podemos perder de vista a las familias que hoy están cortando la Ruta 11-CH porque sienten que el tiempo se les acaba y que el Gobierno no ha estado a la altura para acompañarlos ni dar una solución clara. Aquí hay personas reales viviendo de esto, no cifras en un informe, y merecen una respuesta urgente», recalcó.
Fuente: Emol.com