La Cámara Federal de Casación Penal argentina confirmó este miércoles la condena de seis años de prisión e “inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos” a la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015), en un caso por irregularidades en obras viales.
El fallo de primera instancia fue declarado por el Tribunal Oral Federal 2 en diciembre de 2022, cuando determinó que Fernández perpetró un delito de administración fraudulenta de fondos públicos en la causa conocida como “Vialidad”.
En ella, se investigaron irregularidades en la concesión de 51 obras viales por sobre los mil millones de dólares en favor del empresario Lázaro Báez, registradas tanto en el Gobierno del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) como en el de Fernández -su esposa y sucesora- en la austral provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.
Sin embargo, se estima que la exmandataria no quede tras las rejas, ya que puede apelar la resolución a la Corte Suprema de Justicia; proceso que puede extenderse por varios meses o incluso años.
Debido a ello, pese a que se cataloga el hecho como un “duro golpe” a su figura política, se presume que el próximo año podrá candidatearse a diputada por la provincia de Buenos Aires.
La expresidenta -que no estuvo presente en los tribunales- ha asegurado en varias oportunidades ser blanco de “lawfare” (hostigamiento judicial y político), y sostuvo que la causa “Vialidad” es un “show” cuyo “verdadero objetivo” es lograr su ihabilitación para desempeñar cargos públicos a perpetuidad.
Además, ha denunciado una supuesta “falta de imparcialidad” de los jueces que confirmaron hoy su condena y destacó sus vínculos con el expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019).