Este lunes, la justicia argentina emitió una orden de captura internacional contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, bajo el principio de jurisdicción universal. La decisión se basa en su presunta responsabilidad en violaciones a los derechos humanos cometidas desde 2018 en el país centroamericano.
El juez Ariel Lijo dictaminó la citación a declaración indagatoria de Ortega, Murillo y una docena de altos funcionarios del régimen nicaragüense, en respuesta a una denuncia presentada en agosto de 2022 por el abogado argentino Darío Richarte junto a estudiantes y profesores de la Universidad de Buenos Aires.
Principio de jurisdicción universal
La denuncia se sustenta en el principio de jurisdicción universal, que permite a tribunales nacionales investigar crímenes de lesa humanidad, incluso si estos no ocurrieron en su territorio.
El abogado Richarte, en declaraciones a Infobae, calificó el fallo como un “hecho histórico” que visibiliza la crisis en Nicaragua y marca un paso significativo hacia la justicia para las víctimas.
“Este fallo busca aislar a los dictadores y comprometer a la comunidad internacional, especialmente a los países de América, en la defensa de la democracia”, afirmó Richarte.
Detalles de la denuncia
La denuncia presentada en 2022 documenta una serie de crímenes cometidos por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua desde abril de 2018, incluyendo:
- Represión violenta de manifestaciones.
- Encarcelamiento de opositores.
- Persecución a grupos vulnerables.
Entre noviembre de 2022 y febrero de 2024, el equipo de Richarte amplió la denuncia en siete ocasiones, sumando testimonios de víctimas, documentos y pruebas obtenidas con el apoyo de organismos internacionales. El fallo refuerza la creciente presión internacional sobre el régimen nicaragüense, considerado responsable de crímenes de lesa humanidad. La orden de captura también busca movilizar a la comunidad internacional en la defensa de los derechos humanos en la región.